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Consenso político en el convenio colectivo del personal laboral y bloqueo en el acuerdo regulador de funcionarios
El personal laboral del Ayuntamiento regulariza su situación pero los funcionarios no ven mejoradas sus condiciones pese a que el documento estaba consensuado con todos los sindicatos.

Los grupos municipales que integran la corporación municipal de Atarfe aprobaron por unanimidad la modificación del convenio colectivo del personal laboral 2015-2017 que regulariza la situación de los trabajadores a la legalidad vigente, introduciendo algunas mejoras. Sin embargo, el voto contrario de PSOE, PP y Ciudadanos impidió sacar adelante el acuerdo regulador de funcionarios, pese a que los sindicatos habían firmado el documento que se presentaba para su aprobación.

En dicho pleno se hizo efectiva la renuncia por motivos personales del concejal de Personal y Seguridad Ciudadana, Francisco Prieto (Por Atarfe Sí) y se aprobaron tres de las mociones presentadas: la iniciativa de Por Atarfe Sí (PASI) para reclamar al Consorcio Vega Sierra Elvira que deje sin efecto la subida del agua (PASI), la petición del PP para que la Junta de Andalucía anticipe un porcentaje mayor de las subvenciones a los programas de escuela taller y casas de oficio, y una última moción de Ciudadanos para estudiar la pobilidad de establcer una tasa a las compañías eléctricas por la utilización del dominio público de instalaciones de transporte de energía. Se rechazó únicamente una propuesta del PP en la que se solicitaba a los grupos parlamentarios del Congreso que posibiliten la aprobación definitiva de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.


Personal laboral

Los cambios introducidos en el convenio colectivo del personal laboral 2015-2017, con el visto bueno de los representantes sindicales y adecuándose a las advertencias que en su día hicieron llegar la Diputación de Granada y la Subdelegación de Gobierno, son del agrado de todos los grupos municipales, que votaron a favor de su aprobación en el pleno. 'Se han creado las condiciones para que los derechos de los trabajadores sean los adecuados y su trabajo revierta en el beneficio de todos los ciudadanos', explicó la portavoz del gobierno, Rosa Félix. El acuerdo permite que el personal de Proyecto Atarfe, empresa instrumental hoy en proceso de liquidación, se integre en dicho convenio. Se aprueba el reglamento de fondo social para un reparto equitativo y el equipo de gobierno asume su compromiso de elaborar la Relación de Puestos de Trabajo.

Los funcionarios deberán esperar

El consenso se rompió a la hora de aprobar el acuerdo regulador de funcionarios. El PSOE solicitó la votación por separado –al margen del convenio colectivo del personal laboral-, a lo que no hubo reparos de ningún grupo municipal. Tanto PSOE, PP y Ciudadanos coincidieron en sus argumentos para rechazar el documento que se presentaba a pleno y que había sido respaldado por los representantes sindicales. El hecho de que no figurara en el documento la firma del delegado de personal y que se hubieran eliminado, según la oposición, 'derechos consolidados' que figuran en el acuerdo en vigor, que data de 2004, les llevó a emitir su voto en contra.

El portavoz socialista, Óscar González, criticó que se hubieran eliminado 'de un plumazo' 21 artículos del acuerdo de 2004, citando entre ellos los que guardaban relación con las atribuciones del delegado de personal en asuntos relacionados con su representación. También aludió al incumplimiento de lo acordado en una asamblea de representantes de los trabajadores con fecha del 7 de marzo, de la que el equipo de gobierno y el propio secretario municipal no tenían constancia de su celebración.

En la misma línea, el portavoz del PP, Antonio Díaz, se quejó de que se hubiera 'excluido' al delegado de personal del proceso negociador y que 'no se le permitiera entrar' a las reuniones, 'demostrando todo lo contrario de lo que alardean en sus siglas sobre tolerancia y participación', en alusión a Por Atarfe Sí (PASI).

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Antonio Martín, sostuvo que no podían 'ratificar' el acuerdo de los funcionarios porque 'encontramos pérdidas de derechos consolidados' y no se concreta la Relación de Puestos de Trabajo y el fraccionamiento de las vacaciones. 'Pese a la presencia de mejoras sociales (…) no hay soluciones homogéneas que permitan que los trabajadores tengan un convenio idóneo', señaló.

El portavoz de Ganemos, Antonio Lucena, justificó la abstención de su grupo en el hecho de que no hubiera un documento firmado por los trabajadores refrendando el acuerdo, tal y como solicitó en el la junta de portavoces.

Por último, la portavoz del gobierno, Rosa Félix (PASI) aclaró que la mesa general de negociación de los empleados públicos es el órgano competente para alcanzar los acuerdos según la legislación, y es ahí donde se llegó al consenso con todos los sindicatos. Negó que se hubiera excluido del diálogo al delegado de Personal, agente de la Policía Local con cuyo cuerpo se ha negociado por separado la disposición horaria, quien acudió a todas las reuniones, excepto a la firma del acuerdo, sin que en 'ningún momento' mostrara su disconformidad con la negociación. Igualmente precisó que los mismos funcionarios delegaron en sus representantes sindicales la negociación del acuerdo, siendo 'insólito y surrealista' la exigencia de la firma del resto de los trabajadores afectados. 'Tendrán que explicar a los funcionarios por qué no van a tener la misma igualdad de derechos y conquistas sociales que los laborales', censuró Félix.

Su versión de los hechos fue confirmada por algunos de los trabajadores y trabajadoras que se encontraban entre el público y que asistieron a las reuniones de la mesa de negociación.

Otros tres millones de deuda por no pagar las basuras

El alcalde de Atarfe, Francisco Rodríguez Quesada, informó durante el pleno de varias sentencias, entre ellas la del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Granada que desestima un recurso del Ayuntamiento presentado en 2014 en relación a la deuda contraída entre 1996 y 2013 por no pagar el tratamiento de los residuos sólidos urbanos al Consorcio Resur. La deuda asciende a 3.121.159 euros. Los vecinos abonaron la tasa con sus recibos pero los responsables municipales que gobernaron entre 1996 y 2013 no transfirieron el dinero al Consorcio.

Renuncia del concejal Francisco Prieto

Francisco Prieto (PASI) se despidió en el pleno ordinario como concejal responsable de Personal, Seguridad Ciudadana y Protección Civil. Fue un momento de gran emoción por ser una persona muy querida entre los concejales de los distintos grupos municipales y entre los propios vecinos.

Con la voz quebrada por la emoción, Prieto justificó su salida del equipo de gobierno por razones personales, ante la necesidad de prestar más tiempo a su familia, y agradeció el apoyo de los vecinos que hicieron posible su elección como concejal, el trato dispensado por todos los concejales de la oposición y el trabajo compartido con sus compañeros de gobierno. Todos los portavoces de la oposición le agradecieron su dedicación, incluido el alcalde quien, en nombre del equipo de gobierno, elogió su 'compromiso y coraje' por asumir en su día tareas de responsabilidad en el gobierno.

Mociones

Subida del agua

Por Atarfe Sí (PASI) presentó para su debate una moción en contra de la subida del agua acordada en la última asamblea general del Consorcio Vega Sierra Elvira. En dicha asamblea se hurtó la posibilidad de debatir la revisión de las tarifas en los plenos de los municipios implicados, los máximos órganos de representación de los ciudadanos, según recordó Rosa Félix. La moción se aprobó con la inclusión de una enmienda del portavoz de Ciudadanos y representante en el Consorcio Vega Sierra Elvira, Antonio Martín, para que, además de solicitar que se anule la subida y aplicar el Suministro Mínimo Vital a personas en riesgo de exclusión (gratuidad de 100 litros por persona y día), se cree una comisión de trabajo entre todos los grupos políticos municipales que pertenecen al Consorcio para que elabore un expediente tarifario donde se contemplen los criterios de asignación.

Solo el grupo municipal socialista se opuso a la moción por entender que la subida fue acordada en la asamblea general por la mayoría de los representantes del Consorcio para hacer frente al incremento salarial de los trabajadores y a las bonificaciones de las familias en riesgo de exclusión social. Oscar González restó importancia a la subida del agua, que 'será de 0,44 euros si el consumo es de 10 metros cúbicos y 0,89 si son 20'. En su opinión, solo un cambio de los estatutos del Consorcio permitirá debatir en los plenos las tarifas del agua.

Escuelas Taller y Casa de Oficio

El portavoz del PP, Antonio Díaz, presentó una moción en la que instaba a la Junta de Andalucía a incentivar los programas de escuelas taller y casas de oficios, transfiriendo a los municipios, una vez que se dicte la resolución de concesión de ayuda, el 75% del coste en concepto de anticipo y el 25% restante cuando esté ejecutado el 50% del proyecto. Con ello, según el concejal popular, se aliviaría la carga financiera de los municipios que tienen complicado adelantar el dinero. La propuesta fue aprobada con una enmienda del PSOE.
Los socialistas propusieron elevar a su vez al Gobierno central una petición similar que obliga a hacer cambios en la ley estatal para permitir que las subvenciones lleguen cuanto antes a los ayuntamientos.

Ley de Presupuestos del Estado

La propuesta del PP para instar a los grupos parlamentarios del Congreso a aprobar el Presupuesto del Estado fue rechazada con el voto en contra del PASI y PSOE, y la abstención de Ganemos. Dichos partidos recordaron que Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, conocida también por la Ley Montoro, ha supuesto un 'menosprecio a la autonomía' de los ayuntamientos.

Nueva tasa a las eléctricas

La moción de Ciudadanos sobre la posibilidad de cobrar una tasa a las empresas eléctricas por el espacio de dominio público que ocupan las líneas de alta tensión, se aprobó por unanimidad. La iniciativa que defendió Antonio Martín propone que sean los servicios jurídicos y administrativos del Ayuntamiento los que estudien la sentencia del Tribunal Supremo que velaba por los intereses municipales. Se pide a los técnicos que cuantifiquen y reclamen, si procede, la tasa por la utilización del dominio público para instalaciones de transporte de energía, previa auditoria técnica. También se insta al Ministerio de Economía y Hacienda a que unifique los criterios que sirvan de base para el cálculo de las tasas.

En el siguiente enlace pueden visionar la grabación del pleno en su integridad: https://youtu.be/8Jgg6qKQnk0



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