Inicio > Plenos Municipales

TABLON DE ANUNCIOSINSTANCIAContacta con nosotrosTeléfono AVERÍAS AGUASVIRAProtección Civil AtarfeCita Médica OnlineCentro Guadalinfo ATARFE
    Plenos Municipales
PSOE, PP y Ciudadanos impiden la aprobación del plan de saneamiento que aplazaba la deuda a los bancos
El gobierno quería destinar, en tres años, los 8,4 millones a compromisos de pago con vecinos, convenios fallidos y a medidas de reactivación económica. Ganemos puso reparos pero votó a favor.
Los votos en contra del PSOE, PP y Ciudadanos han impedido sacar adelante en el pleno extraordinario celebrado hoy, 7 de abril, el plan de saneamiento financiero que permitía aplazar el pago de la deuda de los bancos por un periodo de tres años para solventar otros compromisos de pago y poner en marcha medidas de reactivación económica. El voto a favor de Por Atarfe Sí y Ganemos fue insuficiente para aprobar un plan que flexibilizaba las condiciones de pago de la deuda y suponía, en palabras de gobierno y oposición, un 'balón de oxígeno' para las arcas municipales al disponer de mayor liquidez y mayor margen de maniobra financiera.

Se trata de una medida derivada de la Resolución de 29 de marzo de 2017 de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, dependiente del Ministerio de Hacienda, que amplía el período de carencia y de amortización de los préstamos formalizados.

En su exposición inicial, la portavoz del equipo de gobierno, Rosa Félix, explicó que la moratoria de tres años permitía disponer de 8,4 millones de euros (la previsión de pago de la deuda a los bancos, a los que se les ha devuelto en menos de dos años 3,7 millones de euros) para 'atender, principalmente, el gasto corriente y los servicios esenciales'. 'Este respiro nos puede permitir, entre otras cosas, trazar un plan a ser posible consensuado entre todos los grupos políticos, que favorezca el empleo y la promoción económica en nuestro municipio', argumentó Félix, quien informó de la necesidad también de que el Ayuntamiento se acoja a los Fondos de Ordenación para fraccionar en un periodo mayor de años el plazo de la deuda.

En opinión de la concejal de Por Atarfe Sí (PASI), el plan de saneamiento 'abre la oportunidad de mejorar los servicios que damos a los ciudadanos y efectuar un plan de reactivación económica que sea fruto del acuerdo de todos'.

Se refirió a la deuda contraída con la empresa de recaudación Gerelo, al pago de otros 14,6 millones de reclamaciones de las que ya hay sentencia firme y de otros 8 más pendientes de resolución judicial; a la elevada deuda que se tiene con la Diputación y el Consorcio de Transportes; y al problema que se arrastra con los vecinos que cedieron suelo al Ayuntamiento a cambio de aprovechamientos futuros que todavía no se han materializado, 'sin que hubiera procedimiento expropiatorio como marca la ley'.

Algunos de los propietarios (Parque del Corredor Verde, Parque de la Higueruela, recinto Ferial y otros) estaban presentes en el salón de pleno después de que el equipo de gobierno les informara de la posibilidad que se abría, con la aprobación del plan de saneamiento, de 'confeccionar una planificación de los pagos de su deuda, empezando por asumir la que se tiene contraída con los propietarios que cedieron suelo al municipio y que ahora están los últimos de la cola por no habérseles pagado en su momento'.

Por su parte, el portavoz socialista Óscar González lamentó que los grupos de la oposición no tuvieran con antelación 'información exacta' de lo que se llevaba a pleno sin reuniones previas para consensuar el documento. También reprochó que en la previsión de pagos se hubiera dejado 'en cuarto lugar' a los propietarios de las parcelas que cedieron terrenos para hacer actuaciones en el municipio, al tiempo que criticó que se hubiera 'engañado' a los mismos con llamadas del equipo de gobierno para advertirles de que, 'si no se aprobaba el documento, no cobraban'. González apuntó que los 8,4 millones del aplazamiento de la deuda financiera tenían que 'presupuestarse, llevarse a pleno y destinarse a diferentes pagos'. González avanzó que su grupo votaría en contra.

El portavoz del PP, Antonio Díaz, acusó al equipo de gobierno de 'jugar con la oposición y con las desgracias de los vecinos', censurando que se hubiera 'engañado' a los propietarios de los terrenos con la posibilidad de que se les saldara la deuda pendiente si se aprobaba el plan de saneamiento que, según reconoció el dirigente popular, 'es un plan para ayudar al Ayuntamiento a gestionar su deuda y dar un balón de oxígeno'. 'Los 8 millones que se pueden aplazar deben ir a gastos corrientes', señaló Díez, quien desveló que en la reunión previa de portavoces había retado a la portavoz del equipo de gobierno a que presentase por escrito un documento, comprometiéndose a destinar los 8 millones al pago de la deuda con los propietarios para que pudieran votarlo a favor. Díez dijo estar cansado de 'políticas de propaganda', reclamó 'respeto' a la oposición y acusó al equipo de gobierno 'abrir heridas' que, a su juicio, impiden la 'convivencia normal'.

El siguiente turno de palabra fue para el portavoz de Ciudadanos, Antonio Martín, quien reconoció que la decisión que se abordaba en el pleno era 'situación muy dura y difícil'. El concejal de la formación naranja reconoció que 'el aplazamiento de la deuda produce liquidez que, si se sabe gestionar, puede ser beneficioso para el municipio'. Aseguró que en la reunión de portavoces había propuesto 'la posibilidad de que se cuantificara las cantidades y se organizara entre todos'. Sin embargo, Antonio Martín argumentó su voto en contra en la 'experiencia' que tenía su grupo respecto a las mociones que han sido aprobadas en el pleno y que no se han puesto en marcha -aseguró- por 'falta de voluntad', iniciativas que no requieren en algunos casos, según dijo, de consignación presupuestaria. Puso en duda también la promesa del gobierno de consensuar el plan de saneamiento y, al igual que el PSOE y PP, se mostró molesto por el hecho de que hubiera reuniones con propietarios para 'poner contra la espada y la pared el sentido del voto de un grupo político que está para trabajar por el municipio'. También se quejó de que no se hubiera detallado de qué manera se iba a trasladar el plan de saneamiento al presupuesto.

El primer turno de palabra lo cerró el portavoz de Ganemos, Antonio Lucena, quien distinguió entre el plan de saneamiento financiero, que 'es un balón de oxígeno para hacer una gestión política y solucionar problemas financieros del presupuesto anual'; y el anuncio del Gobierno central de habilitar 'una línea de crédito para saldar la deuda reconocida'. Antonio Lucena planteó hacer un 'esfuerzo racional' para separar lo que a su juicio 'son dos cosas diferentes', subrayando que es en la posibilidad de acogerse a un créditos donde todos los grupos políticos 'debemos estar en connivencia para que el Ayuntamiento se desahogue de la deuda'.

El concejal de Ganemos anunció el voto a favor de su grupo por ser un plan beneficioso para el municipio, pero reclamó al equipo de gobierno más diálogo con la oposición porque 'somos mayoría y, como se ha visto, se puede frenar un documento que es beneficioso para el municipio'.

Para disipar la duda sobre el destino que se le debe dar al dinero procedente de la moratoria, el alcalde Francisco Rodríguez Quesada solicitó, con el reparo del PP, la intervención de un técnico del Ayuntamiento para aclarar si en la planificación del presupuesto de 2017 era posible dedicar lo que inicialmente está previsto para saldar la deuda con los bancos al pago de los compromisos adquiridos con propietarios de terrenos y convenios fallidos. El interventor dejó claro que era posible, si bien condicionado a lo que se apruebe en el pleno las cuentas de 2017.

Una vez desvelado el sentido del voto de cada grupo, la portavoz del gobierno, Rosa Félix, criticó la 'pinza' que se ha formado entre los principales grupos de la oposición para entorpecer la acción de gobierno. Recordó a los socialistas que eran los responsables de la situación económica y financiera del Ayuntamiento. 'Estamos obligados a pagar las deudas que ustedes han contraído y, en vez de facilitar la tarea, nos ponen obstáculos para poder pagarla con más holgura'. 'Los ciudadanos no entienden que un partido socialista que debería aspirar a la regeneración no haya pedido perdón ni haya hecho que sus responsables paguen su culpa, al menos políticamente, expulsándoles de su partido para dar ejemplo. En vez de eso, ustedes les siguen dando aire', añadió Félix, quien censuró a los socialistas por 'ir de la mano del PP'.

Félix negó que se hubiera engañado a los propietarios de los terrenos: 'les hemos dicho que tenían razón, que debían ser los primeros en la lista de pago de las deudas'. Y anunció que, pese al rechazo del plan de saneamiento, se incluirá una partida en los presupuestos para la compra de esos terrenos.

Tanto el portavoz del PSOE como de Ciudadanos rehusaron hacer uso de su palabra. Sí intervino el concejal del PP, Antonio Díaz, quien insistió en el supuesto trato irrespetuoso con el que se trataba a la oposición y a los ciudadanos, a la vez que echó por tierra la gestión de gobierno de PASI, al que acusó de contratar a dedo a sus militantes.

El concejal de Ganemos, Antonio Lucena, hizo un llamamiento al resto de grupos municipales para 'no abrir espitas' y 'avanzar en la normalización del Ayuntamiento' sacando adelante el plan de saneamiento. Insistió en la necesidad de que el municipio pueda acogerse al crédito especial para hacer frente a las deudas aunque, para ello, consideró necesario abrir un diálogo entre los técnicos y los portavoces de los partidos políticos.

El debate lo cerró el alcalde Francisco Rodríguez Quesada, quien llamó al resto de partidos a reconsiderar el posicionamiento porque 'pasa un tren que [en caso de rechazo] no vamos a poder coger'. Finalmente no hubo acuerdo y la votación deparó el resultado de 8 votos en contra (PSOE, PP y Ciudadanos) y 7 a favor (PASI y Ganemos).

El debate íntegro se puede ver en el siguiente enlace.





Consenso político en el convenio colectivo del personal laboral y bloqueo en el acuerdo regulador de funcionarios
El personal laboral del Ayuntamiento regulariza su situación pero los funcionarios no ven mejoradas sus condiciones pese a que el documento estaba consensuado con todos los sindicatos.
Los grupos municipales que integran la corporación municipal de Atarfe aprobaron por unanimidad la modificación del convenio colectivo del personal laboral 2015-2017 que regulariza la situación de los trabajadores a la legalidad vigente, introduciendo algunas mejoras. Sin embargo, el voto contrario de PSOE, PP y Ciudadanos impidió sacar adelante el acuerdo regulador de funcionarios, pese a que los sindicatos habían firmado el documento que se presentaba para su aprobación.

En dicho pleno se hizo efectiva la renuncia por motivos personales del concejal de Personal y Seguridad Ciudadana, Francisco Prieto (Por Atarfe Sí) y se aprobaron tres de las mociones presentadas: la iniciativa de Por Atarfe Sí (PASI) para reclamar al Consorcio Vega Sierra Elvira que deje sin efecto la subida del agua (PASI), la petición del PP para que la Junta de Andalucía anticipe un porcentaje mayor de las subvenciones a los programas de escuela taller y casas de oficio, y una última moción de Ciudadanos para estudiar la pobilidad de establcer una tasa a las compañías eléctricas por la utilización del dominio público de instalaciones de transporte de energía. Se rechazó únicamente una propuesta del PP en la que se solicitaba a los grupos parlamentarios del Congreso que posibiliten la aprobación definitiva de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.


Personal laboral

Los cambios introducidos en el convenio colectivo del personal laboral 2015-2017, con el visto bueno de los representantes sindicales y adecuándose a las advertencias que en su día hicieron llegar la Diputación de Granada y la Subdelegación de Gobierno, son del agrado de todos los grupos municipales, que votaron a favor de su aprobación en el pleno. 'Se han creado las condiciones para que los derechos de los trabajadores sean los adecuados y su trabajo revierta en el beneficio de todos los ciudadanos', explicó la portavoz del gobierno, Rosa Félix. El acuerdo permite que el personal de Proyecto Atarfe, empresa instrumental hoy en proceso de liquidación, se integre en dicho convenio. Se aprueba el reglamento de fondo social para un reparto equitativo y el equipo de gobierno asume su compromiso de elaborar la Relación de Puestos de Trabajo.

Los funcionarios deberán esperar

El consenso se rompió a la hora de aprobar el acuerdo regulador de funcionarios. El PSOE solicitó la votación por separado –al margen del convenio colectivo del personal laboral-, a lo que no hubo reparos de ningún grupo municipal. Tanto PSOE, PP y Ciudadanos coincidieron en sus argumentos para rechazar el documento que se presentaba a pleno y que había sido respaldado por los representantes sindicales. El hecho de que no figurara en el documento la firma del delegado de personal y que se hubieran eliminado, según la oposición, 'derechos consolidados' que figuran en el acuerdo en vigor, que data de 2004, les llevó a emitir su voto en contra.

El portavoz socialista, Óscar González, criticó que se hubieran eliminado 'de un plumazo' 21 artículos del acuerdo de 2004, citando entre ellos los que guardaban relación con las atribuciones del delegado de personal en asuntos relacionados con su representación. También aludió al incumplimiento de lo acordado en una asamblea de representantes de los trabajadores con fecha del 7 de marzo, de la que el equipo de gobierno y el propio secretario municipal no tenían constancia de su celebración.

En la misma línea, el portavoz del PP, Antonio Díaz, se quejó de que se hubiera 'excluido' al delegado de personal del proceso negociador y que 'no se le permitiera entrar' a las reuniones, 'demostrando todo lo contrario de lo que alardean en sus siglas sobre tolerancia y participación', en alusión a Por Atarfe Sí (PASI).

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Antonio Martín, sostuvo que no podían 'ratificar' el acuerdo de los funcionarios porque 'encontramos pérdidas de derechos consolidados' y no se concreta la Relación de Puestos de Trabajo y el fraccionamiento de las vacaciones. 'Pese a la presencia de mejoras sociales (…) no hay soluciones homogéneas que permitan que los trabajadores tengan un convenio idóneo', señaló.

El portavoz de Ganemos, Antonio Lucena, justificó la abstención de su grupo en el hecho de que no hubiera un documento firmado por los trabajadores refrendando el acuerdo, tal y como solicitó en el la junta de portavoces.

Por último, la portavoz del gobierno, Rosa Félix (PASI) aclaró que la mesa general de negociación de los empleados públicos es el órgano competente para alcanzar los acuerdos según la legislación, y es ahí donde se llegó al consenso con todos los sindicatos. Negó que se hubiera excluido del diálogo al delegado de Personal, agente de la Policía Local con cuyo cuerpo se ha negociado por separado la disposición horaria, quien acudió a todas las reuniones, excepto a la firma del acuerdo, sin que en 'ningún momento' mostrara su disconformidad con la negociación. Igualmente precisó que los mismos funcionarios delegaron en sus representantes sindicales la negociación del acuerdo, siendo 'insólito y surrealista' la exigencia de la firma del resto de los trabajadores afectados. 'Tendrán que explicar a los funcionarios por qué no van a tener la misma igualdad de derechos y conquistas sociales que los laborales', censuró Félix.

Su versión de los hechos fue confirmada por algunos de los trabajadores y trabajadoras que se encontraban entre el público y que asistieron a las reuniones de la mesa de negociación.

Otros tres millones de deuda por no pagar las basuras

El alcalde de Atarfe, Francisco Rodríguez Quesada, informó durante el pleno de varias sentencias, entre ellas la del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Granada que desestima un recurso del Ayuntamiento presentado en 2014 en relación a la deuda contraída entre 1996 y 2013 por no pagar el tratamiento de los residuos sólidos urbanos al Consorcio Resur. La deuda asciende a 3.121.159 euros. Los vecinos abonaron la tasa con sus recibos pero los responsables municipales que gobernaron entre 1996 y 2013 no transfirieron el dinero al Consorcio.

Renuncia del concejal Francisco Prieto

Francisco Prieto (PASI) se despidió en el pleno ordinario como concejal responsable de Personal, Seguridad Ciudadana y Protección Civil. Fue un momento de gran emoción por ser una persona muy querida entre los concejales de los distintos grupos municipales y entre los propios vecinos.

Con la voz quebrada por la emoción, Prieto justificó su salida del equipo de gobierno por razones personales, ante la necesidad de prestar más tiempo a su familia, y agradeció el apoyo de los vecinos que hicieron posible su elección como concejal, el trato dispensado por todos los concejales de la oposición y el trabajo compartido con sus compañeros de gobierno. Todos los portavoces de la oposición le agradecieron su dedicación, incluido el alcalde quien, en nombre del equipo de gobierno, elogió su 'compromiso y coraje' por asumir en su día tareas de responsabilidad en el gobierno.

Mociones

Subida del agua

Por Atarfe Sí (PASI) presentó para su debate una moción en contra de la subida del agua acordada en la última asamblea general del Consorcio Vega Sierra Elvira. En dicha asamblea se hurtó la posibilidad de debatir la revisión de las tarifas en los plenos de los municipios implicados, los máximos órganos de representación de los ciudadanos, según recordó Rosa Félix. La moción se aprobó con la inclusión de una enmienda del portavoz de Ciudadanos y representante en el Consorcio Vega Sierra Elvira, Antonio Martín, para que, además de solicitar que se anule la subida y aplicar el Suministro Mínimo Vital a personas en riesgo de exclusión (gratuidad de 100 litros por persona y día), se cree una comisión de trabajo entre todos los grupos políticos municipales que pertenecen al Consorcio para que elabore un expediente tarifario donde se contemplen los criterios de asignación.

Solo el grupo municipal socialista se opuso a la moción por entender que la subida fue acordada en la asamblea general por la mayoría de los representantes del Consorcio para hacer frente al incremento salarial de los trabajadores y a las bonificaciones de las familias en riesgo de exclusión social. Oscar González restó importancia a la subida del agua, que 'será de 0,44 euros si el consumo es de 10 metros cúbicos y 0,89 si son 20'. En su opinión, solo un cambio de los estatutos del Consorcio permitirá debatir en los plenos las tarifas del agua.

Escuelas Taller y Casa de Oficio

El portavoz del PP, Antonio Díaz, presentó una moción en la que instaba a la Junta de Andalucía a incentivar los programas de escuelas taller y casas de oficios, transfiriendo a los municipios, una vez que se dicte la resolución de concesión de ayuda, el 75% del coste en concepto de anticipo y el 25% restante cuando esté ejecutado el 50% del proyecto. Con ello, según el concejal popular, se aliviaría la carga financiera de los municipios que tienen complicado adelantar el dinero. La propuesta fue aprobada con una enmienda del PSOE.
Los socialistas propusieron elevar a su vez al Gobierno central una petición similar que obliga a hacer cambios en la ley estatal para permitir que las subvenciones lleguen cuanto antes a los ayuntamientos.

Ley de Presupuestos del Estado

La propuesta del PP para instar a los grupos parlamentarios del Congreso a aprobar el Presupuesto del Estado fue rechazada con el voto en contra del PASI y PSOE, y la abstención de Ganemos. Dichos partidos recordaron que Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, conocida también por la Ley Montoro, ha supuesto un 'menosprecio a la autonomía' de los ayuntamientos.

Nueva tasa a las eléctricas

La moción de Ciudadanos sobre la posibilidad de cobrar una tasa a las empresas eléctricas por el espacio de dominio público que ocupan las líneas de alta tensión, se aprobó por unanimidad. La iniciativa que defendió Antonio Martín propone que sean los servicios jurídicos y administrativos del Ayuntamiento los que estudien la sentencia del Tribunal Supremo que velaba por los intereses municipales. Se pide a los técnicos que cuantifiquen y reclamen, si procede, la tasa por la utilización del dominio público para instalaciones de transporte de energía, previa auditoria técnica. También se insta al Ministerio de Economía y Hacienda a que unifique los criterios que sirvan de base para el cálculo de las tasas.

En el siguiente enlace pueden visionar la grabación del pleno en su integridad: https://youtu.be/8Jgg6qKQnk0





Publicada Moción del Pleno Municipal del día 26 de enero de 2017
Instar al Pleno de la Corporación del Excmo. Ayuntamiento de Atarfe a que declare la fiesta de los toros como bien de interés cultural

FICHEROS ADJUNTOS

Descargar Moción [574,31 Kb]




Apoyo unánime del pleno a los afectados por los cortes de luz y más medidas para garantizar la seguridad
Los partidos aprueban que se facilite el pago del IBI en dos plazos. Todas las mociones presentadas por los distintos grupos municipales se aprobaron pero sin respaldo unánime.
Todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Atarfe aprobaron una declaración institucional de apoyo a los afectados por los cortes de suministro de luz en la que también se reclama a Endesa la puesta en marcha de un plan de modernización de sus instalaciones y la colaboración de las distintas administraciones en la búsqueda de soluciones.

En el pleno ordinario celebrado el pasado jueves 26 de enero se aprobó por unanimidad un texto refundido del que se dio lectura, donde se recuerda que el suministro eléctrico es un 'bien básico e imprescindible' para la vida de las personas que debe garantizarse a través de un pacto entre las distintas administraciones. Desde el Ayuntamiento de Atarfe se está prestando ya asesoramiento, a través de FACUA, a fin de reclamar daños y perjuicios a la empresa suministradora.

No a la violencia y más seguridad

Los grupos municipales también coincidieron en condenar los ataques que sufrieron de madrugada varias familias de la calle Barquillo, a las que desconocidos incendiaron con gasolina las puertas de sus casas a mediados de enero. En el comunicado leído por la concejal Fabiola García se solicita a la Subdelegación de Gobierno mayor dotación policial para combatir la delincuencia al tiempo que toda la Corporación expresa su deseo de incrementar la plantilla de la Policía Local mediante la convocatoria de más plazas que están condicionadas a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Facilidades para pagar la contribución (IBI)

Otro de los puntos del orden del día que se fue aprobado por unanimidad guarda relación con la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal para facilitar a los vecinos el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, también conocido como la contribución. Se podrá abonar de forma fraccionada desde el día 1 de julio al 30 de noviembre, transfiriendo la mitad del importe del impuesto entre el 1 de julio y el 31 de agosto, y la otra mitad entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre; o bien abonar el importe íntegro en el periodo normal de pago, es decir del 1 de septiembre al 30 de noviembre.

El alcalde Francisco Rodríguez Quesada aclaró a preguntas del concejal de Ganemos, Antonio Lucena, que esta propuesta no excluye la otra modalidad de pago fraccionado de todas las tasas: la cuenta a medida. Esta opción permite a los vecinos que lo soliciten en el Servicio Municipal de Recaudación la posibilidad de fraccionar el pago hasta en once mensualidades. Se suma el importe total de todos los impuestos que una familia o particular paga al Ayuntamiento y se divide el pago en once meses o, si se prefiere, en menos mensualidades.

Subida del agua

Fuera del orden del día, el portavoz de Ciudadanos, Antonio Martín, informó como consejero delegado de Atarfe en el Consorcio Vega-Sierra Elvira que la empresa concesionaria de la gestión del agua en municipios del área metropolitana, Aguasvira, aprobó en su última asamblea celebrada en Dílar la subida en el precio del agua. Según el concejal atarfeño, el incremento medio de las tarifas que se ha acordado es de 2,54%: el 1,6% se destina a ayudar a los más desfavorecidos y el resto (0,94%) a actualizar subida de los salarios de los trabajadores. El edil explicó que solicitó un aplazamiento del debate puesto que la posición de Atarfe no se ha podido consensuar entre los distintos grupos políticos. Sin embargo, el presidente del Consorcio, el alcalde de Maracena, Noel López, ejerció su potestad para celebrar la asamblea, facilitando que se aprobara la subida. Diez municipios, entre ellos Atarfe, se pronunciaron en contra. El representante de Atarfe aclaró que no se opuso a que se bonifique a los que no pueden pagar el agua pero entiende que la subida debe costearla con sus beneficios el socio privado (Hidralia) y no el resto de los ciudadanos.

Polémica en torno al plan económico-financiero

El consenso se rompió una vez más en el debate sobre el plan económico-financiero que se retiró del orden del día debido al posicionamiento en contra de PSOE, PP y C’s por entender que los números que refleja el informe técnico no cuadraban. Se trata de un documento que el Gobierno central obliga a que se apruebe cuando se incumple la partida prevista en los gastos de personal.
Este capítulo se descuadró en el momento en el que un tribunal de justicia determinó que el personal de Proyecto Atarfe tenía que formar parte del Ayuntamiento. Igualmente se produjo un desfase por la obligación de pagar a los funcionarios en 2015 el 50% de la paga extra del año 2012 que el Gobierno central eliminó en su plan de recortes.

Pese a que hubo una comisión informativa previa al pleno donde acudió el interventor para dar información a los grupos municipales, los portavoces de la oposición, a excepción de Ganemos, echaron en falta claridad en los números y falta de información. El alcalde Francisco Rodríguez Quesada recordó que era un documento técnico y no político, al tiempo que censuró la labor obstaculizadora de la oposición, recordando al portavoz del grupo municipal socialista que no hubiera solicitado información al interventor en la comisión informativa.

La ley de transparencia establece que la no presentación en plazo del plan económico-financiero constituye una infracción muy grave y los sancionados pueden ser destituidos del cargo que ocupan.

Mociones

Hospitales por partida doble

Por parte del grupo municipal socialista se presentó una moción sobre la situación sanitaria en Granada instando a la Junta de Andalucía y a todas las instituciones públicas, junto a los representantes de los trabajadores y usuarios, y asociaciones de pacientes, a que se esfuercen por lograr un entendimiento que garantice un servicio público de excelencia para la ciudadanía.

El portavoz del PSOE, Óscar González, destacó el esfuerzo inversor del Gobierno andaluz, se refirió a las disculpas que la misma presidenta trasladó a los granadinos en el Parlamento por los trastornos ocasionados con el intento de fusión hospitalaria, y mencionó el acuerdo inicial alcanzado con los sindicatos para negociar sobre la base de dos hospitales completos con cartera de servicios diferenciadas. La moción fue aprobada con los votos de todos los partidos a excepción de Por Atarfe Sí (PASI), no sin críticas hacia la gestión sanitaria del Gobierno andaluz.

El portavoz del PP, Antonio Díaz, fue el encargado de llevar al pleno la moción que promueven los colectivos ciudadanos y de profesionales médicos que han movilizado a buena parte de la sociedad granadina. Además de pedir dos hospitales completos con cartera de servicios diferenciadas y urgencias finalistas, así como la derogación de la orden de fusión de los dos hospitales, se reclama al Gobierno andaluz el cese del consejero Aquilino Alonso, del viceconsejero Martín Blanco y de todos los directos que han participado en la gestión.

Todos los grupos aprobaron la moción a excepción del PSOE que votó en contra. Ciudadanos la respaldó pero matizó que los puntos referidos a la petición de cese de los responsables sanitarios no podían secundarlos por el momento a la espera de las preguntas que la formación naranja ha presentado en el Parlamento andaluz.

Corridas de toros

También se sacó adelante una moción presentada por el grupo popular para declarar los toros Bien de Interés Cultural. En dicha iniciativa, que contó con el apoyo de socialistas y de Ciudadanos, se solicitaba que se incluya en los presupuestos una partida económica destinada a la escuela taurina, se le permita dar clases teóricas y prácticas, y se prioricen las corridas en las fiestas en lugar de los conciertos.

Ganemos se abstuvo por no haber consultado con sus bases el posicionamiento en torno a los toros, mientras que Por Atarfe Sí (PASI) se opuso a la celebración de la fiesta de los toros por entender que 'no hay razones de interés público que justifiquen la defensa de las corridas de toros'. Se refirió a los municipios que han retirado sus subvenciones. En Atarfe, según dijo la portavoz Rosa Félix, se llegaron a gastar 160.000 euros en 2007. Otra de las razones que impiden realizar en este momento grandes espectáculos se debe a la localización de anomalías en los pilares que ponen en peligro la seguridad en caso de incendio, según un informe municipal de los técnicos que ya hizo constar la Junta de Andalucía en 2014. 'Aún debemos trece millones por la construcción de la plaza tras una sentencia firme pero, pese al desembolso realizado, no se gastaron el dinero en algo fundamental como es la seguridad', señaló Rosa Félix.
El portavoz del PP pidió también que se hiciera un bando a favor de los toros y se publicara la moción en la web.

Seguimiento de las mociones

El grupo municipal Ciudadanos presentó una moción para crear una mesa de seguimiento que controle el cumplimiento de las iniciativas que se aprueben en el pleno. Su portavoz, Antonio Martín, se mostró muy crítico con el equipo de gobierno por dejar en 'papel mojado' las propuestas de la oposición que salen adelante. Ciudadanos quiere que cada moción aprobada, a excepción de las protocolarias, se tramiten y se les dote de asignación presupuestaria. En caso de que no sea viable, se expedirá un informe técnico. Igualmente solicita que el gobierno emita un informe semestral sobre el grado de cumplimiento y que las mociones aprobadas se incluyan en el portal de transparencia.

Todos los grupos políticos respaldaron la iniciativa a excepción de PASI que votó en contra. El grupo que integra el gobierno municipal argumentó que ya se había informado al resto de partidos sobre la necesidad de cuantificar económicamente en el presupuesto de 2017 algunas de las propuestas que se han aprobado en este mandato, aún reconocimiento que ha podido haber falta de diligencia en ocasiones debido al tiempo que se ha necesitado para poner en orden la estructura organizativa.

Ayuda a afectados por las clásulas suelo .

Ganemos llevó al pleno una propuesta para que se ponga en marcha un servicio extraordinario de asesoramiento a los posibles afectados que no saben cómo tramitar la devolución de las cláusulas suelo. En su escrito también se acuerda instar a la Diputación para que asesore y colabore con los servicios municipales que se creen en la provincia.

La moción salió adelante con los votos de Ganemos, PSOE y PASI, mientras que PP y Ciudadanos se pronunciaron en contra, argumentando que ya existía acuerdo para obligar a los bancos a devolver las cantidades que cobraron indebidamente por las cláusulas suelo hipotecarias de forma gratuita, retroactiva, con intereses y en un plazo de tres meses. Los portavoces del PP y Ciudadanos se referían con ello al acuerdo alcanzado recientemente en el Congreso con los socialistas. También Ciudadanos consideró un inconveniente que un ayuntamiento llegue a competir de forma desleal con los profesionales que asesoran a los afectados.

Contra la pobreza energética.

Con los mismo votos a favor se aprobó la otra iniciativa de Ganemos para elaborar un plan local contra la pobreza energética con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a los suministro básicos. En dicho propuesta se exigía la titularidad y gestión públicas de las infraestructuras de distribución eléctricas, un punto con el que el PP se mostró rotundamente en contra. Ciudadanos optó por la abstención..

Más depuradoras

Por último, PASI introdujo en el debate la necesidad de que la Junta de Andalucía construya de forma urgente depuradoras de aguas residuales en los municipios del área metropolitana. La portavoz Rosa Félix se refirió al 'incumplimiento reiterado de los compromisos que adquirió la administración autonómica', lo que -a su juicio- está provocando graves problemas ambientales en las vegas, ríos y acuíferos, y serios problemas sanitarios en la aglomeración urbana de Granada.

La moción fue aprobada con el respaldo de todos los grupos y la abstención del PSOE a excepción del concejal Francisco Javier Bailón que votó en contra.

A continuación se puede leer en su integridad las mociones presentadas, así como la declaración institucional y el comunicado de condena aprobados en el pleno. También se puede acceder al video del debate en este enlace.





El Ayuntamiento negociará con Diputación un plan de pagos para abonar 552.378 euros por la obra de una carretera realizada hace más de diez años
Una nueva sentencia obliga a pagar más de medio millón de euros por el acondicionamiento de uno de los accesos a la ermita de los Tres Juanes, cuya contratación fue “irregular”
27-1-2016

El Ayuntamiento de Atarfe debe abonar más de medio millón de euros a la Diputación de Granada por la obra de ensanche y mejora de acceso a la Ermita de los Tres Juanes de la que se cumple ahora diez años.

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado el último recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Atarfe, al que obliga a abonar a la institución provincial la parte correspondiente a la aportación municipal al Plan Provincial de Obras y Servicios (PPOYS) con el que se acondicionó uno de los accesos a la Ermita de los Tres Juanes.

La mejora de la carretera de titularidad municipal se realizó hace una década con los planes provinciales correspondientes a 2003-2007, si bien los gobiernos de la Diputación y el Ayuntamiento de Atarfe no aprobaron expediente de contratación, formalizándose el acuerdo de forma verbal. El entonces alcalde de Atarfe, Víctor Sánchez, era también vicepresidente de la Diputación.

Una vez terminada la actuación, la empresa Probisa Tecnología y Construcción S.A., adjudicataria de la obra, reclamó a la Diputación el dinero de la obra que finalmente recibió tras una sentencia firme. Con fecha de 23 de julio de 2009, el Juzgado Contencioso Administrativo número 4 de Granada condenó a la Diputación a pagar 1.002.363 euros por el impago de la obras más 575.859 euros en concepto de intereses de demora. Dicha sentencia dejaba abierta la puerta a la institución provincial para reclamar al Ayuntamiento su aportación.

Del importe total, 1.578.223 euros, la Diputación reclamó de inmediato a Atarfe el 35% correspondiente al porcentaje que deben aportar los municipios a los planes provinciales de obras y servicios. El coste para las arcas municipales del ensanche y mejora de acceso a la Ermita de los Tres Juanes se cuantificó en 552.378 euros.

En abril de 2011 la Diputación notificó al Ayuntamiento de Atarfe una resolución para que procediera al abono del dinero, advirtiendo que se reservaba la posibilidad de hacer efectivo el cobro vía compensación. Al no llegarse a un acuerdo, la institución provincial acudió a los tribunales, a la vía contencioso-administrativa, logrando varias sentencias favorables a sus intereses.

La última, con fecha de 20 de diciembre de 2016, en la que se desestima el recurso de apelación del Ayuntamiento, se incluyó en el orden del día del pleno ordinario del jueves 26 de Enero, un trámite informativo preceptivo antes del proceder al pago.

El actual equipo de gobierno (Por Atarfe Sí) se ha mostrado contrariado con una nueva sentencia condenatoria, de la que 'los ciudadanos se podían haber ahorrado los intereses (575.859 euros ) si se hubiera pagado al empresario en tiempo y forma'.

Ha recordado que la contratación de la obra fue 'irregular' y la demora en el pago, debido a los distintos pleitos judiciales -primero con la empresa y luego entre administraciones- ha supuesto que los 'ciudadanos tengan que pagar 575.859 euros más en intereses, casi cien millones de las antiguas pesetas'.

Al igual que se hizo cuando se conoció la sentencia que condenaba al Ayuntamiento a pagar 4 millones de euros por las obras del corredor verde, el equipo de gobierno contactará con la Diputación para negociar un plan de pagos a largo plazo a fin de no causar un 'trastorno grave a la hacienda local'.

El Ayuntamiento desea mantener las transferencias que recibe de la institución provincial o, al menos, que no afecten a las partidas relativas a los Servicios Sociales como la Ley de Dependencia, la Asistencia a Domicilio, o personal de Servicios Sociales, al tratarse de 'prestaciones asistenciales básicas'.






Siguiente
Agenda AtarfeSede ElectrónicaSaluda del Alcalde - Paco R. Quesada
Agenda     
 Abril 2017 
L M X J V S D
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
<<    >>

QUEJAS Y SUGERENCIASPerfil del ContratanteRegistro Atarfeño de Entidades DeportivasInformación Procesos SelectivosPortal de TransparenciaEntre Todos Atarfe - Boletín Informativo del Ayuntamiento de AtarfeSíguenos en FACEBOOKSíguenos en TWITTERVideos de los Plenos MunicipalesACIDESA - Atarfe Ciudad Deportiva